Cuauhtémoc Mávita E./periodista
Alfonso Elías Serrano y el PRI están en su derecho al impugnar la elección de gobernador en Sonora. Lo único que se exige es que sus reclamos se hagan dentro de la ley, a partir de que esta no puede ser selectiva, es decir, “para estos sí, pero para otros no”.
Lo que no se vale, y eso es para todos los partidos políticos, es impugnar nada más porque es un derecho que asiste a los quejosos por una actuación, en este caso jurídico-electoral que no les favorece. Esto significa que quien demanda debe contar con los elementos suficientes, y sobre todo bien sustentados, que permitan efectivamente a las dependencias encargadas de administrar la justicia que se materialicen los derechos de los inconformes.
Sin embargo, a como están las cosas en este estado con motivo de los resultados adversos al candidato del PRI a gobernador en la elección del 5 de julio, todo indica que los círculos de poder que mueven al priísmo echarán mano de todo lo que tengan a su alcance para presionar la rectificación o enmienda de los supuestos errores que pudieron haberse generado en los comicios y que podrían conducir a que Guillermo Padrés Elías, gobernador electo, no asuma la gubernatura el 13 de septiembre.
El PRI asegura que tiene los suficientes recursos para refutar las decisiones de las autoridades electorales que se concretaron con la entrega de constancia de mayoría a Padrés Elías, y lograr que en Sonora, luego de que se cumpla el periodo constitucional de Eduardo Bours Castelo, arribe al poder un gobernador interino.
El PRI-Sonora se siente ofendido, es el agraviado o perjudicado porque algo sucedió el día de la elección que condujo a que 464 mil 865 sonorenses votaran por el candidato panista en tanto que 425 mil 050 lo hacían por el priísta, sacando el primero una ventaja de 39 mil 815 sufragios.
Según el PRI-Sonora hubo “campañas negras”, pero más que eso se dio una agria inequidad al no pautarse en los medios de comunicación miles de spots a los que tenía derecho el candidato Alfonso Elías Serrano. Por otra parte, afirman los priístas que el día de la elección se evidenció la presencia de efectivos de las fuerzas federales que alejaron de las urnas a miles de ciudadanos.
Sin embargo, hay que decirlo, la mayor parte de los recursos priístas son marcadamente inconsistentes, pero hay dos que pondrán a pensar al Tribunal Estatal Electoral (TEETI) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF): la inequidad relacionada con los spots y la presunta intervención de fuerzas federales. En el primer caso procede una mera sanción administrativa, en tanto que en el segundo, si hay elementos de prueba suficientes, si podrían ser causal para anular la elección; eso sucedió en Colima en 2003.
No obstante, en el Revolucionario Institucional saben que ese recurso está prendido con alfileres, y ante lo cual esperan que sus abogados sean más habilidosos y experimentados que los de Acción Nacional.
Por eso, ante la debilidad de la virtual impugnación (probablemente cuando esto se publique deje de ser virtual), el PRI ha recurrido a su bancada en el Congreso del Estado para presionar la anulación de la elección.
Lo anterior, empero lo decidirá, en base al reconocimiento o rechazo de que en la elección prevalecieron las irregularidades, la primera y Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presididas por María del Refugio Corral Martínez y Carlos Amaya Rivera, respectivamente, y en las cuales participan los diputados locales Martha Patricia Redondo Arvizu; Lina Acosta Cid; Jesús Fernando Morales Flores; José Salome Tello Magos y Juan Manuel Sauceda Morales, además de Irma Dolores Romo Salazar; Claudia Pavlovich Arellano; Irma Villalobos Rascón y Reynaldo Millán Cota, quienes con voz y voto habrán de determinar la legalidad del proceso electoral reciente. El PRI parece tener el control en esa instancia. Esto adelanta que el asunto tendrá que resolverlo el TEPJF.
En otras palabras, aún no está escrita la última frase relacionada con el triunfo del PAN, pero aún con todas las acciones dilatorias y en el mayor de los casos sin sustento, la impugnación es un derecho y un recurso de todos los partidos, incluyendo al mismo Partido Acción Nacional que tiene impugnados los resultados de las alcaldías de Navojoa, Magdalena y Quiriego, así como las diputaciones locales correspondientes a los distritos XIII (Guaymas), X (Hermosillo Noroeste) y XXI (Huatabampo), y las diputaciones federales de los distritos 02 (Nogales) y 07 (Navojoa).
La ley es eso, la ley. Además gradualmente están quedando atrás aquellos tiempos del "para los amigos todo, para los enemigos nada". La impugnación es un recurso y un derecho de todos.
Alfonso Elías Serrano y el PRI están en su derecho al impugnar la elección de gobernador en Sonora. Lo único que se exige es que sus reclamos se hagan dentro de la ley, a partir de que esta no puede ser selectiva, es decir, “para estos sí, pero para otros no”.
Lo que no se vale, y eso es para todos los partidos políticos, es impugnar nada más porque es un derecho que asiste a los quejosos por una actuación, en este caso jurídico-electoral que no les favorece. Esto significa que quien demanda debe contar con los elementos suficientes, y sobre todo bien sustentados, que permitan efectivamente a las dependencias encargadas de administrar la justicia que se materialicen los derechos de los inconformes.
Sin embargo, a como están las cosas en este estado con motivo de los resultados adversos al candidato del PRI a gobernador en la elección del 5 de julio, todo indica que los círculos de poder que mueven al priísmo echarán mano de todo lo que tengan a su alcance para presionar la rectificación o enmienda de los supuestos errores que pudieron haberse generado en los comicios y que podrían conducir a que Guillermo Padrés Elías, gobernador electo, no asuma la gubernatura el 13 de septiembre.
El PRI asegura que tiene los suficientes recursos para refutar las decisiones de las autoridades electorales que se concretaron con la entrega de constancia de mayoría a Padrés Elías, y lograr que en Sonora, luego de que se cumpla el periodo constitucional de Eduardo Bours Castelo, arribe al poder un gobernador interino.
El PRI-Sonora se siente ofendido, es el agraviado o perjudicado porque algo sucedió el día de la elección que condujo a que 464 mil 865 sonorenses votaran por el candidato panista en tanto que 425 mil 050 lo hacían por el priísta, sacando el primero una ventaja de 39 mil 815 sufragios.
Según el PRI-Sonora hubo “campañas negras”, pero más que eso se dio una agria inequidad al no pautarse en los medios de comunicación miles de spots a los que tenía derecho el candidato Alfonso Elías Serrano. Por otra parte, afirman los priístas que el día de la elección se evidenció la presencia de efectivos de las fuerzas federales que alejaron de las urnas a miles de ciudadanos.
Sin embargo, hay que decirlo, la mayor parte de los recursos priístas son marcadamente inconsistentes, pero hay dos que pondrán a pensar al Tribunal Estatal Electoral (TEETI) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF): la inequidad relacionada con los spots y la presunta intervención de fuerzas federales. En el primer caso procede una mera sanción administrativa, en tanto que en el segundo, si hay elementos de prueba suficientes, si podrían ser causal para anular la elección; eso sucedió en Colima en 2003.
No obstante, en el Revolucionario Institucional saben que ese recurso está prendido con alfileres, y ante lo cual esperan que sus abogados sean más habilidosos y experimentados que los de Acción Nacional.
Por eso, ante la debilidad de la virtual impugnación (probablemente cuando esto se publique deje de ser virtual), el PRI ha recurrido a su bancada en el Congreso del Estado para presionar la anulación de la elección.
Lo anterior, empero lo decidirá, en base al reconocimiento o rechazo de que en la elección prevalecieron las irregularidades, la primera y Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presididas por María del Refugio Corral Martínez y Carlos Amaya Rivera, respectivamente, y en las cuales participan los diputados locales Martha Patricia Redondo Arvizu; Lina Acosta Cid; Jesús Fernando Morales Flores; José Salome Tello Magos y Juan Manuel Sauceda Morales, además de Irma Dolores Romo Salazar; Claudia Pavlovich Arellano; Irma Villalobos Rascón y Reynaldo Millán Cota, quienes con voz y voto habrán de determinar la legalidad del proceso electoral reciente. El PRI parece tener el control en esa instancia. Esto adelanta que el asunto tendrá que resolverlo el TEPJF.
En otras palabras, aún no está escrita la última frase relacionada con el triunfo del PAN, pero aún con todas las acciones dilatorias y en el mayor de los casos sin sustento, la impugnación es un derecho y un recurso de todos los partidos, incluyendo al mismo Partido Acción Nacional que tiene impugnados los resultados de las alcaldías de Navojoa, Magdalena y Quiriego, así como las diputaciones locales correspondientes a los distritos XIII (Guaymas), X (Hermosillo Noroeste) y XXI (Huatabampo), y las diputaciones federales de los distritos 02 (Nogales) y 07 (Navojoa).
La ley es eso, la ley. Además gradualmente están quedando atrás aquellos tiempos del "para los amigos todo, para los enemigos nada". La impugnación es un recurso y un derecho de todos.
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